domingo, 29 de marzo de 2009


SALUDAMOS EL DIA DEL JOVEN COMBATIENTE Y DENUNCIAMOS LA COMPLICIDAD DE LA JUSTICIA DE NUESTROS MUERTOS EN FALSOS ENFRENTAMIENTOS.



Este 29 de Marzo se cumplen 24 años del asesinato de los hermanos Eduardo y Rafael Vergara Toledo, quienes fueron rematados en el suelo por carabineros. Este crimen fue realizado por Carabineros de Chile, en Miguel de Cervantes con 5 de Abril, cerca de Villa Francia.

Los cuatro carabineros asesinos se encuentran identificados, y en Marzo del 2004 el Juez Sergio Muñoz interrogó a más de 60 testigos a amigos y familiares que establecieron con claridad estos crímenes.

En Marzo del 2005 los antecedentes pasaron a la Corte de Apelaciones de Santiago y los cuatro asesinos declararon. Pero este tribunal aún no dicta sentencia y el caso ha sido rotulado “en espera”. Increíble, ¿5 años esperando qué?.

Estos hechos demuestran que los estamentos burocráticos de Chile siguen favoreciendo a las instituciones represivas del Estado. Y este imen se suma a cientos de casos de derechos humanos, que el Poder Judicial y la Concertación no tienen apuro en resolver.

Bajo el gobierno de la Sra. Bachelet, los asesinos siguen gozando de sus plenos derechos, porque han sido amparados por el Estado Chileno y sus Tribunales, que siguen defendiendo a los empresarios, a los uniformados y a quienes cometen crímenes de lesa humanidad.

ESTE 29 DE MARZO LLAMAMOS A LOS JOVENES DE CHILE A PROTESTAR EN LAS CALLES PIDIENDO JUSTICIA.

LLAMAMOS A PRESENTAR A LA JUSTICIA INTERNACIONAL EL CRIMEN DE RAFAEL Y EDUARDO VERGARA TOLEDO.

en viernes, marzo 27, 2009 0 comentarios

lunes 23 de marzo de 2009
EL ASESINATO DE LOS HERMANOS VERGARA TOLEDO




1) Los Hechos del 29 de Marzo de1985 cerca de Villa Francia.

“19:30 horas. Eduardo y Rafael Vergara Toledo (20 y 18 años) – militantes del MIR -- corrían perseguidos por carabineros que los emboscan. La orden era matarlos. Les dispararon sin misericordia. Herido en el corazón cayó Eduardo. Su hermano iba adelante y volvió para auxiliarlo, cayó herido, fue arrastrado a un furgón y rematado con un tiro de cerca en la nuca. (publicación de CODEPU)”



2) Lo que dijo la prensa oficialista y servil de la época.

“El 29 de Marzo de 1985, a las 19:45, en el sector Las Rejas con 5 de Abril, un trío de delincuentes armados intentaron asaltar un negocio, siendo sorprendidos por Carabineros que patrullaban en un furgón. Los frustrados asaltantes reaccionaron produciéndose un breve baleo en el que resultaron heridos el cabo Marcelo Muñoz Cifuentes, Eduardo y Rafael Vergara Toledo, muriendo los dos últimos en el lugar. El tercero de los delincuentes alcanzó a darse a la fuga”.



3) Lo anotado en el Informe Rettig.

“La Comisión ha llegado a la convicción de que Rafael Vergara fue ejecutado por agentes estatales, estando ya herido y en poder de quienes lo mataron, en violación de sus derechos humanos. Respecto de su hermano, Eduardo Vergara, no pudiendo la Comisión determinar las circunstancias precisas en que se produjo el enfrentamiento ni la participación que el hubiera tenido, considera que pereció víctima de la situación de violencia política”.



4) Lo realizado por la Justicia.

a) “En Marzo del 2004 el Juez Sergio Muñoz realizó una investigación y tomó declaración a más de 60 testigos del sector. Los antecedentes pasaron a la Corte de Apelaciones de Santiago, en Marzo de 2005. No se ha dictado sentencia porque la burocracia judicial favorece a los uniformados y a las instituciones represivas del Estado. El caso de Eduardo y Rafael está “en espera” junto a otros cientos de casos de derechos humanos, frente a los cuales el Poder Judicial y los Gobiernos de la Concertación – no tienen apuro en resolverlos – manteniendo en el olvido y la impunidad de las bases de gobernabilidad y la estabilidad política”.



b) “Desde Marzo de 1985 sus asesinos – los cuatro carabineros inculpados gozan de libertad provisional -- y han sido amparados por el Estado chileno y su legislación a favor de los empresarios y uniformados. Acotando este último punto, Chile es el único país de Sudamérica que no ha aprobado la aplicación del Tribunal Penal Internacional (TPI), una corte creada con el objetivo de juzgar a los individuos que hayan violado los derechos humanos, cuando el país se encuentra incapacitado o no tenga la voluntad de juzgar dichos crímenes”.




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